CARICATURAS COLOMBIANAS

Radiografía de un cuatrienio hoy en entredicho
El lastre de DD.HH. que sigue a Luis Camilo Osorio

Durante los cuatro años en que ejerció como fiscal general de la Nación (2001-2005), tuvo muchos líos en manejo de temas de garantías fundamentales. No se metió con oficiales de alto rango, echó a los mejores fiscales y acabó distanciado con organismos internacionales de Derechos Humanos.
Libardo Cardona Martínez





sábado, 25 de noviembre de 2006

Durante los cuatro años en que ejerció como fiscal general de la Nación (2001-2005), Luis Camilo Osorio Isaza siempre tuvo un talón que Aquiles: el manejo de las investigaciones por violación a los Derechos Humanos. Incluso, al día siguiente de su posesión, Osorio se metió en un lío que le traería problemas hasta el último momento de su gestión: desautorizó a los fiscales que le dictaron medida de aseguramiento al general Rito Alejo del Río.

La fiscal que adelantaba la investigación, Lucía Luna, encontró méritos suficientes para asegurar a Del Río por sus presuntos nexos con el paramilitarismo cuando se desempeñó como comandante de la XVII Brigada, en el Urabá antioqueño. Osorio puso el grito en el cielo y dijo que no estaba de acuerdo con esa decisión.

A raíz de ese incidente tuvieron que renunciar el entonces vicefiscal, Pablo Elías González, y el jefe de la Unidad de Derechos Humanos, Pedro Díaz Romero. Y como si lo anterior fuera poco, la reacción de Osorio allanó el camino para que un juez de la República le concediera a Del Río un recurso de habeas corpus y recuperara su libertad. Después, el mismo Osorio se encargó de investigar a Del Río por los hechos de Urabá y archivó el proceso.

Hoy, cuando Osorio ya no es fiscal, su nombre vuelve a los titulares de prensa. Esta vez se le cuestiona por haber desatendido a un testigo, Jairo Castillo Peralta, quien desde 2001 entregó todas las pruebas que demostraban el maridaje de la clase política de Sucre con el paramilitarismo. Paradójicamente, Castillo es en la actualidad la base para que la Corte Suprema de Justicia tenga en prisión a los congresistas Álvaro García Romero y Erick Morris, y la Fiscalía busque al ex gobernador de ese mismo departamento Salvador Arana.

Unidad desmantelada

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que había nacido en 1995, fue prácticamente desmantelada durante la gestión de Osorio. Los mejores fiscales y los que llevaban las investigaciones de mayor connotación terminaron en la calle y después en el exilio.

Ejemplo claro de ello fue la situación de Pedro Díaz Romero, quien después del incidente por el caso Del Río tuvo que dejar el país y aún no ha regresado. La fiscal Lucía Luna Prada, entre tanto, se quedó en la Fiscalía de Osorio unos meses más, pero hoy vive en Canadá.

Capítulo aparte merece la historia de la fiscal de Derechos Humanos Mónica Gaitán. A finales de 2001, antes de irse a vacaciones, ella le informó a su jefe, Alejandro Ramelli, que tenía proyectado vincular a no menos de ocho coroneles de la Armada por la omisión en que habrían incurrido durante los hechos de sangre que desencadenaron en la espantosa masacre de Chengue (Sucre), el 17 de enero de 2001. A su regreso de vacaciones, funcionarios del CTI, literalmente, allanaron la oficina de la fiscal Gaitán y le arrebataron el proceso. Hoy, Gaitán vive en Estados Unidos.

También salieron del país los fiscales Augusto Sepúlveda y César Rincón. El primero de ellos logró con éxito aclarar el atentado (diciembre de 2000) de que fue víctima el hoy congresista Wilson Borja. El segundo tenía en su despacho varias investigaciones por paramilitarismo en Norte de Santander. Ambos, en su momento, dijeron que fueron despedidos porque sus jefes no estaban de acuerdo en la forma como ellos manejaban sus procesos.

Tras la salida de Alejandro Ramelli como jefe de DD.HH., Osorio reunió a los fiscales de esa unidad y les dijo que el sucesor de éste sería escogido de manera democrática. Es decir, que escribieran en papelitos el nombre de quienes ellos consideraban debía ser el nuevo coordinador. Así se hizo y resultó elegida la fiscal Elba Beatriz Silva. El problema fue que el conteo de votos no fue público, como era de esperarse, y un día después de la ‘votación’ Osorio les hizo saber a los fiscales de Derechos Humanos que la ‘elegida’ por ellos había sido Silva.

No sería esa la única vez que Osorio tendría problemas en el manejo de sus subalternos. En diciembre de 2003 quedó al descubierto que la entonces jefa de fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez Silva, al parecer, cohonestaba con los paramilitares de esa región del país.

Tras las insistentes denuncias del congresista Gustavo Petro, la Fiscalía de Osorio no tuvo alternativa distinta a la de llamarla a indagatoria. Pero, inexplicablemente, al momento de hacer efectiva su captura las autoridades se percataron de que Flórez había dejado el país. En junio de 2005, Flórez fue llamada a juicio, no sólo por sus nexos con el paramilitarismo, sino también por su aparente participación en el asesinato de su esposo, Alfredo Flórez Ramírez.

También fue un dolor de cabeza para el ex fiscal Osorio un investigador llamado Richard Riaño Botina, experto en informática que se dedicó a hacer labores de inteligencia dentro de la Fiscalía. Riaño se encontró con que los teléfonos de al menos 54 funcionarios del ente investigador se cruzaban con los de paramilitares del oriente colombiano. El hacker halló idéntica situación en algunas oficinas del DAS y del Congreso. Al final, Riaño terminó procesado y hoy está en el exterior.

Lo que sí hizo Osorio en este caso fue mandar a investigar al parlamentario Gustavo Petro, quien acogió a Riaño y lo ayudó a salir de Colombia. La Corte Suprema de Justicia estudió la conducta de Petro para establecer si había manipulado información exclusiva y privilegiada, pero concluyó que en ningún momento el hoy senador transgredió la ley.

Un giro erróneo

En noviembre de 2002, la prestigiosa ONG Human Rights Watch (HRW) dedicó prácticamente todo su informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia al primer año de gestión de Luis Camilo Osorio como fiscal general. En el documento, titulado “Un giro erróneo”, HRW hizo énfasis en unas declaraciones que, en octubre de 2001, Osorio entregó a El Espectador: “Lo que encontré aquí es una grave distorsión, con un coro internacional y local interesado en dirigir la acción sólo contra unos determinados actores”. Es decir, para Osorio era urgente “igualar” la cifra de procesos que se seguían contra militares y paramilitares con las de abusos cometidos por la guerrilla.

Y así se hizo. El problema fue que las investigaciones contra militares de alto rango, y aparentemente abusadores de las garantías fundamentales, se vinieron abajo y la Unidad de Derechos Humanos terminó procesando a soldados y policías rasos, o a uniformados cuyos rango llegaban escasamente al de capitán. En otras palabras, durante la gestión de Osorio dio siempre la impresión de que era lo mismo procesar a un soldado que a un general. En ese contexto, por ejemplo, fue el mismo ex fiscal Osorio el que se encargó de absolver al general de la Armada Rodrigo Quiñónez Cárdenas, quien era investigado por presunta omisión en la masacre de Chengue.

Dentro de ese llamado “giro erróneo”, vale destacar también el caso del ex ministro Carlos Arturo Marulanda Ramírez. En enero de 1999, la Fiscalía libró orden de captura contra Marulanda por los hechos de violencia que ocurrieron en su finca Bellacruz (Cesar) en 1994. El ex diplomático logró huir y en julio de 2001 fue capturado en España. El 13 de octubre de 2002, las autoridades españolas extraditaron hacia Colombia a Marulanda. Apenas 18 días después, Osorio lo dejó en libertad. En un proceso aparte, Osorio acusó a Marulanda por hechos de corrupción administrativa y la Corte Suprema lo condenó.

Ese mismo “giro erróneo” del que habló HRW quedó al descubierto en la investigación contra los autores de masacres. Prácticamente nunca, durante la gestión de Osorio, hubo esfuerzos por descubrir quiénes fueron los autores intelectuales de homicidios colectivos en departamentos como Sucre, Antioquia, Norte de Santander o Meta. Siempre aparecían vinculados los nombres de Carlos Castaño, Salvatore Mancuso o, incluso, Fidel Castaño.

De ahí, seguramente, que no se les hubiera puesto cuidado a las acusaciones de Jairo Castillo. Este hombre, hoy en el exilio, aseguró en 2001 que el senador Álvaro García Romero había mandado perpetrar la masacre de Macayepo (Bolívar), en octubre de 2000. También se desatendió lo dicho por Castillo en contra del ex gobernador Salvador Arana y sus nexos con el paramilitarismo.

Por el contrario, el ex Fiscal profirió un auto inhibitorio en favor de Arana y, en vez de cuestionarlo, lo llenó de elogios, tales como que una persona de su estatura profesional era incapaz de participar en actos violentos. Hoy, paradójicamente, Salvador Arana huye de la justicia, García Romero está en la cárcel y Luis Camilo Osorio se defiende desde la Embajada de Colombia en México de la andanada de críticas.

Cronología

Diciembre 4 de 1996 Masacre de Pichilín-Colosó: cuatro personas fueron asesinadas por paramilitares. Por estos hechos, la Fiscalía llamó a juicio a Salvatore Mancuso, Edwin Morales, Alejandro Morelo Pérez y José Darío Mercader.

Febrero de 2000 Masacre de El Salado: paramilitares asesinan a 58 personas. Condenados a 40 años de prisión: Marco Antonio Villa, Manuel Salvador Escorcia, Eliécer de Jesús Hernández, Edgardo Hernández Muñoz, Javier Alonso Hernández, Sofranor Hernández, Eliécer Augusto Guau, Hélmer José Lobato, Sócrates Antonio León, Álvaro Javier Escorcia y Rodolfo Domingo Ezequiel Salcedo. Condenados a 34 años de cárcel: Luis Alberto Flórez y Antonio Neira. Condenado a 30 años de prisión: Pascual Manuel Villadiego. Llamados a juicio: Carlos Castaño Gil, John Jairo Esquivel Cuadrado, Salvatore Mancuso Gómez y 2 miembros de la Infantería de Marina. El coronel Carlos Alberto Sánchez García -de la Armada- fue escuchado en indagatoria, pero la Fiscalía se abstuvo de afectarlo con medida de aseguramiento.

Octubre 15 y 16 de 2000 Masacre de Macayepo: Al menos 15 campesinos fueron asesinados, a garrote y machete, en este corregimiento del departamento de Bolívar. Recientemente, la Fiscalía llamó a juicio por estos hechos al temido jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo. También está vinculado a la investigación un hombre llamado Julián Henao. Hace 15 días la Corte Suprema de Justicia determinó que el autor intelectual de este homicidio colectivo fue el senador Álvaro García Romero.

Enero de 2001 Masacre de Chengue: 27 campesinos de este corregimiento de Sucre fueron asesinados con piedras y garrote. Se dijo, así mismo, que los asesinos jugaron fútbol con las cabezas de sus víctimas. El autor material de esta masacre fue, de nuevo, Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena. También fue vinculada una mujer llamada Nidia Esther Velilla Pérez y apodada La Doctora y Carlos Castaño. Varios oficiales de menor rango de la Armada fueron condenados. El general Rodrigo Quiñónez fue exonerado de todo cargo por el fiscal Luis Camilo Osorio Isaza.

Agosto de 2001 Asesinato de la fiscal Yolanda Paternina: Cuando ingresaba a su apartamento en Sincelejo, en compañía de su esposo y sus hijos, hombres armados asesinaron a la doctora Yolanda del Carmen Paternina Negrete, quien hasta ese momento -en compañía de la también fiscal Mónica Gaitán- investigaba la masacre de Chengue. El testigo estrella de la Corte Suprema de Justicia, Jairo Castillo, señaló a varios políticos de Sucre de ser los autores intelectuales de este hecho. El autor material habría sido alias Cadena. Los líderes de las Auc están vinculados a la investigación.

Tomado de : http://www.elespectador.com/elespectador/Secciones/Detalles.aspx?idNoticia=2616&idSeccion=22


************************************

Noviembre 25 de 2006

"Infiltración paramilitar nunca ha existido", asegura el ex fiscal Luis Camilo Osorio


A más de un año de haber salido del cargo, lo persigue un fantasma que cargó desde que asumió funciones: las críticas de los que creen que pudo haber hecho más para combatir el paramilitarismo.

El escándalo de la 'parapolítica' ha revivido ese tema. Columnistas de prensa, ONG, ex fiscales y congresistas preguntan por qué, por ejemplo, Osorio no impulsó en su momento la investigación sobre los políticos de Sucre que trabajaban con 'Cadena', si tuvo en sus manos el testimonio de Jairo Castillo Peralta, el mismo en que la Corte Suprema basó su decisión de ordenar la captura de tres congresistas.

Desde México, donde es el embajador de Colombia, Osorio dice que lo que está conociendo el país hoy es cosecha de lo que él hizo en la Fiscalía.

Sin embargo, asegura que las relaciones de los 'paras' con el poder no llegaron tan lejos: "Una infiltración paramilitar nunca ha existido, salvo en la cabeza calenturienta de algunos. Habrá unos pocos funcionarios que se habrán desviado, pero no se puede hablar de infiltración".

"No he sido amigo de los 'paras' y no he sido, ni en la Fiscalía ni en mi ejercicio particular, defensor de delincuentes y narcotraficantes. ¿Mis malquerientes podrían decir lo mismo?", riposta Osorio.

Qué responde el ex fiscal Osorio a sus críticos

¿Por qué no valoró el testimonio de Castillo y en cambio la Corte lo considera un testigo de excepción sobre las relaciones 'paras'-políticos en Sucre?

"No puede decirse que este testigo no fue tenido en cuenta. Lo que Castillo dice cuando se presenta a la Fiscalía son otras acusaciones, muchas de ellas contra Salvador Arana. Nosotros lo protegimos y fruto de eso es que hoy está contribuyendo con la justicia".

¿Por qué la Fiscalía de Osorio se abstiene de investigar a Arana, pero ahora el fiscal Iguarán, con ese y otros testimonios, ordena la captura?

"Ese caso se lo enviamos a la Corte desde enero del 2004. A Arana se le decretó un inhibitorio: significa que no se encontró mérito para una acusación, pero no se descartó que a futuro lo hubiera. La duda en favor del sindicado es un derecho fundamental que hay que respetar.

¿Desmanteló la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, que venía liderando las importantes investigaciones contra los 'paras'?

"Me pareció que la Unidad podía mejorar. Y para dirigirla, después de un proceso democrático, nombré a una persona que venía de la administración anterior. Por qué se produjeron cambios de fiscales, es algo que puede analizarse. Pero hay que partir de la buena fe. No me equivoqué".

Por la masacre de El Salado (58 campesinos asesinados) testigos señalaron a Enilce López ('La Gata') y a los 'paras'. La Fiscalía los desechó.

"Por ese caso ordenamos muchas capturas. Y la señora López tuvo muchas denuncias por muchas cosas. Se le investigó".

En casos como el del alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez; el líder esmeraldero Víctor Carranza; el general ( r) Rito Alejo del Río y el ex embajador Carlos A. Marulanda, investigados por presuntos nexos con 'paras', la Fiscalía de Osorio terminó inclinándose por no acusar. Se cuestionó que el abogado del alcalde Suárez, Jaime Granados, asesoraba a Osorio.

"En casos como el del señor Ramiro Suárez se llega a una verificación después de una investigación; se llega a una conclusión jurídica que, a menos que se demuestre lo contrario, es de buena fe y está dentro de la Ley. Lo que pasa es que hay distintas apreciaciones".

Tomado de: http://www.eltiempo.com/justicia/2006-11-26/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3341458.html